
Los 33 feligreses civiles, militares, religiosas y agustinos "Caídos por Dios y por España", inscritos en la lápida de la fachada de la iglesia del Salvador no fueron asesinados en el pueblo. En Leganés se practicaron detenciones y registros de domicilios de vecinos de derechas buscando armas, pero no hubo "checas", sacas, ni "paseos". Tampoco hubo persecución religiosa, al contrario, el alcalde republicano facilitó la huida de monjas y padres agustinos. Si hubo clausura de la iglesia, incautación de edificios y fincas, depuración de funcionarios, cierre del colegio de las monjas, pero no se destruyó el Registro Civil ni el Juzgado, como en los municipios colindantes. Sin embargo, si hubo una quema de imágenes religiosas.
El ejército rebelde fusila a republicanos locales después de la ocupación del pueblo. Es la época de los avales, de los informes políticos, de los informes de buena conducta política, social, moral y religiosa, de salvoconducto. Estos informes favorables, tan necesarios para desarrollar cualquier tipo de actividad, se convirtieron en un medio fundamental de coacción. También lo eran para superar los procedimientos represivos: Expedientes de depuración o responsabilidades políticas, o la obtención de libertad condicional.
A este respecto el Alcalde, el Párroco, la Falange y la Guardia Civil tenían en sus manos la libertad, el destierro o la permanencia en la cárcel de los republicanos locales.
Los presos políticos locales liberados vivían en continua tensión, controlados por la Guardia Civil. Existe constancia documental de la detención de centenas de vecinos por la Guardia Civil o por una cuadrilla falangistas de cuatro miembros que iban a detener a los republicanos a sus domicilios, después de regresar de la capital al terminar la contienda militar. Detención, paliza en la calle del Hospitalillo, calabozo del Ayuntamiento y posterior entrega a la cárcel de Getafe o de cualquier otra de la capital.